El problema de los desahucios no es nuevo. Lo grave es que se ha convertido en un verdadero drama social. El pasado 9 de noviembre, el país desayunaba con la trágica noticia de que una mujer en Barakaldo había decidido quitarse la vida al conocer que iba a ser desalojada de su vivienda por no poder hacer frente al pago de su hipoteca. No era el primer suicidio. Los medios se hacían eco de la tragedia y las redes sociales agitaban lo sucedido a modo de protesta ante la pasividad del bipartidismo imperante. Los desahucios se convertían en un tema mediático y saltaba a la agenda política del PP y del PSOE, haciéndolo suyo en el inicio de la campaña electoral catalana.

El problema de los desahucios no es nuevo. Desde que en 2008 estallara la crisis económica-financiera, más de 400.000 familias han sido desahuciadas, de los cuales 300.000 se ejecutaron en la legislatura de Zapatero. Resulta cuanto menos paradójico que los socialistas, durante su mandato no actuasen, y ahora en la oposición, abanderen la causa con una ‘Proposición de Ley para acabar con el drama de los desahucios’. De hecho, tras el creciente número de personas afectadas, diversos colectivos, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) llevan desarrollando movilizaciones y actuaciones de denuncia de esta situación y de sus causas, exigiendo la paralización de desahucios y presionando a la banca nuevas negociaciones de contrato adaptadas al momento. Nuestra Oficina de Derechos y Libertades lleva ya varios años asesorando sobre ejecuciones hipotecarias a las familias.

La legislación española supone un maltrato jurídico para las personas en situación de insolvencia y deudores de buena fe. La tutela judicial efectiva es nula. No permite que puedan examinarse las condiciones que han dado lugar a dicha insolvencia ni el grado de información bancaria que las familias recibieron en el momento de contraer la hipoteca. Varias sentencias judiciales señalan como culpables a las entidades bancarias. Y la Justicia europea dice que la normativa española de desahucios es ilegal.

Es inadmisible e injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario, y en cambio entidades financieras reciban ayudas millonarias de las arcas públicas. Este juego fraudulento ha llevado al límite a numerosas personas, contando con el beneplácito de las administraciones responsables. Que lejos de dar soluciones sociales, han mirado hacia otro lado. Ahora quienes han sido cómplices de este drama social, pretenden ser los salvadores, cuando sistemáticamente han vulnerado el derecho a una vivienda digna a miles de personas recogido en el artículo 47 de la Constitución. Mientras el Gobierno de Rajoy y el PSOE de Rubalcaba hablan de acabar con los desahucios sin aportar soluciones, la PAH y varios colectivos sociales continúan en la lucha. Y Rivas también. No podemos quedarnos inmóviles ante lo que nos es cercano.

En enero aprobamos en el Pleno una iniciativa instando al Gobierno la modificación de la Ley Hipotecaria para regular la dación en pago con carácter retroactivo. En marzo, apoyamos la causa de la PAH a través de unas jornadas informativas. Y a finales de noviembre, este municipio ha conseguido frenar, junto a representantes de varios colectivos y su ciudadanía, un auto de desahucio por orden del IVIMA que iba a dejar en la calle a una familia ripense. Una vez más este tipo de acciones dejan claro que las movilizaciones sí sirven: ¡sí se puede!

Izquierda Unida promoverá con el resto de partidos y los movimientos sociales un plan de medidas para que Rivas sea un municipio contra los desahucios. Estamos seguros que con unidad y solidaridad, ninguna familia de Rivas será desahuciada de su vivienda.

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