Una vez más, la Comunidad de Madrid asfixia a los ayuntamientos, trasladando su mala gestión a las administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía. El Gobierno regional, con el cierre de sus presupuestos para el ejercicio de 2013, ha lanzado la patata caliente a los 111 municipios que tenemos en plantilla a agentes de las Bescam: recortazo del 50% en seguridad ciudadana.

La desmesurada reducción en esta partida obliga al Consistorio ripense aumentar este año en 912.000 euros la correspondiente a la Policía Local, lo que supone una agresión a la capacidad de financiación de la administración municipal y que afecta a 50 policías, de un cuerpo de seguridad de 130.

El incumplimiento de los convenios por parte de la institución que ahora preside Ignacio González  se ha convertido en una reiterada práctica en nuestra ciudad.  La lideresa del PP de Madrid ya dejó un pufo en Rivas de más de 15 millones de euros precisamente por esa costumbre de no pagar lo propio de los programas conveniados en materias como educación, vivienda, dependencia y políticas de empleo, entre otras. Todo esto deja en evidencia no solo el maltrato al municipalismo, sino a todo lo que tenga que ver con los servicios públicos.

Durante bastante tiempo, nuestro ayuntamiento ha hecho frente a los impagos competentes del Ejecutivo autonómico. Ahora es el momento de decir basta a su chantaje. La pretensión de la Comunidad es que pongamos en la calle a 25 policías locales o que las arcas municipales asuman casi un millón de euros. Nosotros defendemos a los y las trabajadoras del servicio público. Y hacemos un llamamiento a los sindicatos de clase y a los de la policía local a que se sumen a la denuncia que IU elevará al Gobierno municipal en defensa del empleo público.

Nuestro equipo de Gobierno ha denunciado el incumplimiento de la Comunidad de Madrid de los convenios con las Bescam, que podría constituir un fraude de ley, ya que induce a los ayuntamientos a un desequilibrio de financiación que contraviene con la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Desde Rivas exigimos al presidente de la Comunidad que cumpla lo acordado.

Las Bescam fueron una expectación cuando se crearon en la primera legislatura de Esperanza Aguirre. Su fallido proyecto de policía autonómica, lo vendieron como el eje estrella de Granados, y pareciese que ahora reniegan de sus Brigadas Especiales de Seguridad, obviando sus responsabilidades. Los acuerdos firmados con los distintos ayuntamientos recogen que el Gobierno autonómico pagará hasta el 2018 todos los gastos derivados de los y las agentes: desde las nóminas hasta los coches, combustible, pistolas, uniformes, etc.

Numerosos ayuntamientos de la región, como San Fernando de Henares, Parla y Fuenlabrada, pero también otros gobernados por el Partido Popular, como Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, han pedido a la Comunidad de Madrid que rectifique su decisión de recortar el presupuesto de las Bescam. Por ello, nuestro alcalde, José Masa, ha llamado a la unidad de los 111 ayuntamientos afectados y que se sumen a la rebelión contra este nuevo tijeretazo. Y ha anunciado estudiar acciones legales en el caso en que no se corrija este despropósito: “El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid llevará a la Comunidad de Madrid ante los tribunales”. Asimismo, los regidores de Parla, San Fernando, Fuenlabrada y Rivas también se han dirigido a la Delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, para solicitarle que medie en este asunto.

 

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