Pertenecemos a una generación que ha crecido escuchando alabanzas a la Constitución de 1978 y a la llamada Transición. Hemos escuchado en los medios y aprendido en la escuela que este fue un proceso ejemplar, que nos ha dado todas las libertades de las que ahora disfrutamos, y que el texto constitucional nos garantiza toda una serie de derechos a lo largo de nuestras vidas. Y hay algunos que hasta lo creyeron durante un tiempo.

Pero la juventud hace tiempo que hemos despertado. Algunos de los derechos consagrados en el texto del 78, como el derecho a la vivienda o el reparto justo de la riqueza, jamás se han puesto en práctica y le restan mucha credibilidad. El toque de gracia se lo han dado el PP y el PSOE cuando dejaron la Constitución en papel mojado con su reforma exprés, que condiciona el gasto público al pago de la deuda ilegítima. Queda claro que, 34 años después de la entrada en vigor del actual régimen, la situación del país es desastrosa, con una situación de criminalización sistemática, de condena al paro y a la precariedad de todas las personas jóvenes. Con una fuerte represión gubernamental al alza y servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación a la baja, estamos atascados en una situación difícilmente enmendable con el actual marco institucional que nos ha llevado hasta aquí. Estamos hartos de políticas que siguen los dictados de la Unión Europea y la banca. Necesitamos dotarnos de unas nuevas normas.

A día de hoy, la mayoría de la ciudadanía no hemos votado la actual Constitución y ha quedado demostrado en la calle que no nos identificamos con lo que emana de ella. Queremos decidir sobre cosas como el modelo de estado, la política de recortes o si pagamos la deuda ilegítima en un referéndum en el que podamos participar todas y todos sin las limitaciones a los derechos ciudadanos que imponen las normas actuales. Queremos el voto a los 16 y queremos el voto para todas las personas migradas, sea cual sea su situación administrativa.

Hoy es una realidad, más necesaria que nunca, superar la Constitución de 1978. Salta a la vista que votar cada cuatro años es insuficiente y por ello reclamamos mayor participación democrática. Queremos que nuestro dinero vaya a lo público, a lo que nos pertenece a todas y todos, no a instituciones caducas como la monarquía o la Iglesia Católica. Los movimientos sociales que vienen dándose en las calles y en los que la juventud hemos tenido un papel protagonista demuestran que ya no es ningún tabú la apuesta por un proceso de superación de este marco. Que las normas que nuestros gobernantes han pisoteado, nunca fueron suficientes y además ya no valen, han perdido toda legitimidad. Los beneficiarios del régimen, los poderes financieros y sus representantes políticos del PP y el PSOE, han decidido hacer caso omiso al clamor de la calle, pero no podrán frenar a esta juventud que reclama su derecho a decidir sobre su futuro. Es hora de acabar con el régimen.

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