En medio de la evidencia de los fallos de cada uno de los engranajes del sistema: rescate de los bancos y desahucios de vidas; irrumpía en escena otro de los problemas procedente de las entidades financieras: las participaciones preferentes. La aparición fue a cuentagotas, pero con el estallido de la crisis, una ola de víctimas de esta estafa bancaria tomaron voz para denunciar el secuestro de su dinero, de sus ahorros.

La burbuja inmobiliaria explotaba, el grifo del crédito se cerraba. No había liquidez. Y los bancos, grandes poseedores de activos tóxicos, tenían que conseguir cash, ya no había ladrillo alguno, para tapar el agujero financiero que durante todos estos años habían ido cavando en base a la especulación desorbitada en el precio del suelo y la vivienda. Con un mercado tambaleándose, por poner un ejemplo, Bankia salía a bolsa con un Rodrigo Rato sonriente, jactándose de que la entidad bancaria “tenía un enorme potencial” y que desempeñaría un gran papel dinamizador para la economía de nuestro país. Pero la realidad era distinta. El objetivo era captar dinero tangible, sin desvelar la guinda del pastel. Se estaba gestando una de las mayores estafas financieras de este país, un ‘corralito’ a la española, al que además se revistió de la aparente legalidad cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España dieron luz verde a las condiciones de su comercialización y emisión de estas participaciones.

Al más puro estilo de la estafa del tocomocho, las sucursales bancarias (ahora nacionalizadas), como Novagalicia Banco, Caja España Duero, Catalunya Banc y Bankia, entre otras, iniciaron un proceso de comercialización de productos financieros complejos, las preferentes, como si fuesen una fórmula de ahorros sin riesgo. Y como todo timo, había un blanco fácil: personas trabajadoras, ahorradoras, clientes de toda la vida que confiaban en su banco de siempre y desconocedoras del funcionamiento de dichos productos. Se calcula que cerca de 700.000 familias en todo el estado español están sufriendo este fraude, la mayoría jubilados, pensionistas y personas con rentas bajas. Una vez más, el Gobierno ha mirado hacia otro lado, escorado hacia los intereses bancarios, dejando que se aprovechasen de los más vulnerables y con total impunidad a los timadores.

Hasta hace no mucho, hemos ido conociendo bastantes casos de vecinos y vecinas de Rivas afectadas por las preferentes. Hace unas semanas nos reunimos con representantes de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) –uno de los primeros colectivos, junto a FACUA, que denunciaron y dieron la voz de alarma de este fraude bancario- para ponernos a trabajar rigurosamente en esta materia. Los ayuntamientos, como administración más cercana, debemos posicionarnos al lado de los y las vecinas víctimas de esta estafa.

Por ello, desde el Consistorio ripense estamos llevando a cabo una campaña de apoyo con un primer hito: en el Pleno Ordinario de este mes de abril, hemos registrado una moción en apoyo a las personas afectadas por las participaciones preferentes y la deuda subordinada, exigiendo a las entidades financieras que garanticen a sus clientes la disponibilidad de los fondos invertidos y liberen sus ahorros en el plazo más breve posible, asimismo hemos solicitado al Gobierno que tome medidas para garantizar la liquidez de las participaciones preferentes, para que las personas afectadas puedan recuperar su dinero sin pérdida del capital invertido y que impulse en el ámbito de este sector modificaciones legislativas para aumentar la transparencia e información sobre los productos financieros que se comercialicen. Además, en nuestra agenda está la organización de un acto con vecinos y vecinas afectadas por este particular ‘corralito’.

Pedro del Cura, portavoz Grupo Municipal y coordinador IU Rivas

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