José Masa, alcalde de Rivas Vaciamadrid y representante del conjunto de los municipios españoles gobernados por Izquierda Unida abandonó la reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) -celebrada la mañana del martes, 28 de junio- en señal de protesta por la negativa de la presidencia a retirar el documento (de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local) que la mayoría de alcaldes del PP ha consensuado con Moncloa.

Masa propuso, junto a los representantes de los municipios con alcaldes del PSOE y de CiU que, en su defecto, se convocara una asamblea extraordinaria, demanda a la que el PP se ha opuesto imponiendo el peso de la mayoría con la que cuentan en el órgano ejecutivo de la FEMP. Los representantes socialistas también se marcharon de la reunión.

El regidor de Rivas ha reiterado ante los componentes de la Junta de Gobierno de la FEMP la oportunidad que supone para esta organización abrir, a través de una asamblea extraordinaria, a la reflexión y el debate colectivo de todos los ayuntamientos de este país “unas reformas que van a marcar un antes y un después en las administraciones locales que son las más valoradas por la ciudadanía gracias a la cercanía a sus problemas y necesidades cotidianas”.

José Masa, que representa a los municipios en los que gobierna IU en toda España, siempre se ha mostrado muy crítico con el contenido de una reforma que aprobó el Consejo de Ministros como anteproyecto, el 15 de febrero pasado. “Mantengo que esta reforma, si finalmente se lleva a efecto en los términos en los que se nos ha presentado hoy, se va a convertir en la mayor agresión que se ha perpetrado contra los ayuntamientos en toda la historia de la democracia”, recalca el alcalde de Rivas. La ‘Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local’.

“Aunque se trate distorsionar con mensajes que distraigan, lo que quiere hacer el Gobierno de Rajoy es retirar a los ayuntamientos las competencias delegadas en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, sin que asegure a la ciudadanía que se vayan a seguir prestando. Y en muchos casos, el fin último es la privatización de servicios públicos muy valorados por la ciudadanía”.

 

 

 

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