La huelga convocada para el próximo 14 de noviembre, es la segunda en menos de un año que se convoca a este Gobierno. Esta huelga coincidirá además con un paro general en Portugal y una jornada de acción en toda Europa convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) para protestar contra la actual situación económica y social. Con un panorama bastante desolador, en donde los intereses de la mayor parte de la ciudadanía y de la clase trabajadora no son tenidos en cuenta, a nuestro Gobierno sólo le preocupa que la jornada de protesta convocada “pueda dañar la imagen de España”.

Hay que exigir a este Gobierno un ejercicio de responsabilidad y seriedad: debe empezar a entender que la imagen de este país no es otra que su propia realidad social, y los datos por ahora, son alarmantes. La crisis del sistema financiero, extendida a la economía real, está llevando a la sociedad española a una situación de emergencia social sin precedentes. El Gobierno español lejos de tomar medidas para sanear la economía española y sentar las bases que posibiliten a la sociedad salir de la misma, continúa al borde del precipicio. Seguimos alimentando al monstruo.

La huelga general del 14 de noviembre tiene unos objetivos claros, legítimos y necesarios y debe conseguirlos. Debe contribuir a mejorar la imagen de España porque debería influir para cambiar su realidad social.

Antes de generarse la actual crisis, al sector financiero le era rentable favorecer el endeudamiento excesivo y así lo hizo. Ahora, cuando la deuda privada resulta impagable, se genera deuda pública y se transfiere de una a otra. Se alega que son los servicios públicos los que no son sostenibles y se prioriza, con una reforma constitucional de por medio, el pago de deuda a cualquier prestación a la ciudadanía. Se aumenta la deuda pública exclusivamente para pagar deuda privada y de paso se destruye el sistema público. Hay que poner un límite. Este Estado debe ser soberano para decidir qué es legítimo pagar y qué no y cómo genera su deuda.

Todos los servicios públicos a los que durante generaciones se ha contribuido están siendo desmantelados, España pierde calidad democrática a un ritmo vertiginoso en favor de los mercados.

La educación pública española ha sufrido en los últimos años los recortes más graves y escandalosos de toda su historia. Falta de dotación de docentes, nula inversión en infraestructuras, fuerte incremento de tasas, aumento de ratios, descenso de ayudas y toda una ristra de medidas cada vez más alejadas del objetivo de conseguir la calidad y excelencia educativas. Recortes cuyos efectos notarán varias generaciones futuras y a largo plazo.

La sanidad pública, no es ya ni el espejo de lo que era. Se carga contra las personas más desfavorecidas: enfermos dependientes, ancianos y enfermos crónicos. Se niega la cobertura sanitaria a los inmigrantes y se dejan de dotar hospitales y centros sanitarios, desviando fondos a la sanidad privada. El Gobierno del partido popular ha reducido un 45% los fondos públicos para políticas de prevención y salud. La sociedad española está recibiendo menos de lo que contribuye al sistema y todo, por la supuesta racionalidad del gasto sanitario. España tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15 (esto es el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español).

El panorama del mercado de trabajo no es mucho mejor. Reformas agresivas y restrictivas de derechos con nulos resultados. España roza los cinco millones de personas desempleadas. Las reformas laborales no sólo no han dado frutos sino que han tenido el efecto contrario. No hay más empleabilidad y no hay incorporación a programas de búsqueda activa de empleo. Hay cada vez más despidos y más EREs y mayor inestabilidad laboral. Con el retraso de la edad de jubilación y un mercado de trabajo paralizado, la incorporación de jóvenes es impensable. En definitiva, la destrucción de empleo está siendo directamente proporcional al despropósito de las reformas.

La ‘joya de la corona’ es, sin duda, la fiscalidad de este país. Con una cuantía de fraude fiscal prácticamente igual que la cuantía de déficit público, carecemos de una política fiscal ejemplar que ponga freno a los delincuentes fiscales. Si se actuase firmemente contra la ilegalidad y estafa que suponen en España la economía sumergida y la evasión fiscal, influiríamos de manera directa en el déficit público. El 95% del IRPF lo pagan las rentas inferiores a 60.000 euros, que sostienen con su esfuerzo una parte importante de los servicios públicos de este país mientras que las grandes fortunas, con fuertes beneficios fiscales, contribuyen sólo con el otro 5 % restante. Según los datos de la Agencia Tributaria, es ese mismo grupo el que realiza el 72% de todo el fraude fiscal en España. Es una cuestión de matemática elemental. Si continuamos así, este país va a necesitar un ‘ejército de inspectores fiscales’ para recuperar todo ese dinero.

A pesar de ese 95% de IRPF, con el desmantelamiento de los servicios públicos, la sociedad española cada vez tiene menos reversión de su contribución a la construcción de este país. La economía española decrece. La población cada vez cuenta con menor poder adquisitivo y las familias que ven peligrar lo básico, cada vez consumen menos, lo que a su vez genera cada vez más desempleo. Es una espiral que España no puede permitirse. Hay que ir a la huelga. Hay que apoyar todas las iniciativas que pretendan cambiar estos datos y en definitiva este sistema.

Toca exigir responsabilidades, políticas y legales. Toca decidir el futuro de este país y toca hacerlo bien, empezando por decidir qué se debe realmente, quién ha generado esa deuda, cuál es su origen y qué debemos pagar y qué no. Hay que poner coto a tanto desmán. La deuda privada no puede seguir siendo transferida a deuda pública. El sistema público no puede desaparecer, debe seguir siendo una de nuestras señas de identidad, debe ser lo que proyecte nuestra imagen. En nuestras manos está el futuro.

Es necesario hacer la Huelga general del 14 de noviembre, para la clase trabajadora, para los consumidores y para el conjunto de la ciudadanía. Con nulo crecimiento económico y unas medidas gubernamentales que no ofrecen ninguna solución alternativa, la situación irá empeorando. El interés general del conjunto de la sociedad no pasa por disminuir la protección social, privatizar el Estado de bienestar y bajar de manera drástica los salarios. Es sin duda el mayor insulto democrático de la historia de España, se está privando a este país de su desarrollo social.

IU RIVAS apoya la convocatoria de la huelga general para el 14 de noviembre en el marco de la movilización europea y hace un llamamiento a todas y todos los trabajadores a secundarla. Exigimos la retirada de las reformas normativas laborales, la marcha atrás de los recortes presupuestarios en educación y sanidad y el cese de la transferencia de deuda privada a deuda pública y en definitiva, el mantenimiento del sistema público y del Estado social y democrático de Derecho. Es urgente llevar a cabo una profunda reforma fiscal que frene y ponga coto al fraude fiscal y la economía sumergida. Un reforma fiscal progresiva y no regresiva que no redunde en beneficio de las grandes fortunas, que regule los mercados evitando la evasión de capitales y contemplando el impuesto a las transacciones financieras y que equipare de una vez las rentas de capital a las del trabajo en la base general del IRPF.

Es necesario volver al camino de la recuperación y crecimiento económico en un marco de economía real. Hemos de formar parte junto con los Sindicatos, organizaciones y movimientos sociales, de la fuerza que impulse el esfuerzo social necesario para poner sobre la mesa alternativas que pongan fin a la ‘mercadocracia’ y al retroceso social. El modelo de sociedad que queremos construir basado en el concepto de solidaridad y equidad pasa por la necesaria redistribución de los recursos. Las medidas de austeridad sin propuestas alternativas y sin búsqueda de responsabilidades no sirven y acaban convirtiéndose en la excusa para dilapidar el sistema de protección social. Expresamos nuestro más profundo rechazo a las políticas de recorte que impiden desarrollar un sistema basado en un modelo político, social y económico más justo, que ahonde en las medidas para salir de esta crisis y además ofrezca soluciones para evitar situaciones similares en el futuro. La crítica debe hacerse en profundidad y al sistema en su conjunto, debemos acabar con el modelo neoliberal imperante.

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