El Gobierno de la Comunidad de Madrid continúa con su proyecto de desmantelar los servicios sociales. Ignacio González ha tomado el relevo de su predecesora Esperanza Aguirre, experta en convertir lo público en un negocio, manteniendo el modelo neoliberal que impulsó.

González no ha tardado en seguir los pasos de su maestra. Bajo la excusa de la crisis ha dado un paso de gigante: privatizar aún más la sanidad madrileña. El nuevo presidente regional se ha sacado un nuevo paquete de medidas con el que contentar a las empresas privadas, a través del llamado ‘Plan de Garantías de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público’, que supone la privatización total de seis hospitales abiertos en el 2008 -entre los que se encuentra el del Sureste en nuestra ciudad vecina Arganda del Rey-, la cesión de la gestión a sociedades  privadas  del  10%  de  los centros de salud abre la puerta a la externalizacion  de  servicios  no sanitarios, la transformación de varios hospitales de referencia en centros de estancia media y prolongada y la implantación del repago: un euro por receta.

La intención del Ejecutivo autonómico obedece a su idea de concebir el sistema sanitario como una mercancía. Las políticas contrarreformistas y anticonstitucionales del Partido Popular han aumentado la indignación de la ciudadanía y de los y las profesionales de la red sanitaria y no sanitaria, que por primera vez se han puesto de acuerdo para convocar un paro general, múltiples acciones y varias movilizaciones en defensa de una sanidad de todas y de todos.

El Gobierno regional incide en que nuestro sistema público sanitario es inviable “en este momento de ajuste”. Eso sí, insisten en que los y las usuarias no tendrán que sacar la tarjeta de crédito. Varios estudios desmienten que la gestión privada es más barata y eficiente que la pública. Y para muestra el modelo Alzira en Valencia o el modelo de Reino Unido, donde han conseguido encarecer el funcionamiento de los hospitales hasta cuatro o cinco veces más que los del modelo tradicional. Y ante la falta de argumentos, y como era de esperar,  el PP vuelve a desprestigiar al empleado público. Según el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, en las protestas “lo que se está planteando es un conflicto básicamente laboral y personal”. Vuelven a mentir.

En nuestra ciudad, el personal sanitario de los centros de salud Santa Mónica y la Paz, así como el del Consultorio del Casco Antiguo, han protagonizado encierros en las instalaciones como medida de protesta ante dicho plan, que los amenaza también con la privatización. Nuestro equipo de Gobierno llevó al Pleno municipal de noviembre una iniciativa de apoyo a las movilizaciones en defensa de una sanidad gratuita, de calidad y universal porque entendemos que este ataque a la sanidad hará aún más evidente las desigualdades sociales.

En el Consejo de Salud de diciembre, el Ayuntamiento trasladó la conversación mantenida con el Director general de Atención Primaria ante la preocupación vecinal de si el tercer centro de salud podría caer en manos privatizadoras. De momento, no tienen ningún listado. Estaremos vigilantes y mantendremos una presión institucional y de  movilización ciudadana para que este modelo no se implante en Rivas. No podemos permitir que se carguen el pilar fundamental que sostiene el ya maltratado Estado de bienestar para que se beneficien unos pocos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.